"Los tentáculos de la crisis están haciendo mella en el desarrollo de las medidas de protección"

Familias con niños acogidos sufren los recortes de la Junta

El Defensor del Pueblo Andaluz advierte que los poderes públicos están obligados, aun en tiempos de crisis, a prestar una protección especial a la infancia y la adolescencia

 

Una abuela tiene a sus dos nietos en acogimiento familiar desde que nacieron y se lamenta de que desde hace unos meses no se le abona la compensación económica, a pesar de tener una situación económica muy precaria. "Desde enero de este año, por asuntos burocráticos, no obtenemos las mensualidades de los menores. Están enfermos los dos. Señor, hágase una idea de mi situación, cobro una pensión de viudedad de 485 euros".

Unos padres con tres hijos acogen a dos sobrinos, de 6 y 3 años, para que éstos no vayan a un centro de protección. Se quejan de que la Administración, tutora de los menores, no les concede una ayuda para evitar que la economía familiar se vaya a pique. La Junta alude a la crisis y los problemas presupuestarios de la Dirección General de Infancia y Familia.

Éstos son algunos de los testimonios que el Defensor del Pueblo Andaluz recoge en la memoria anual de 2011 que la institución dedica a los menores y que entregó ayer al presidente del Parlamento, Manuel Gracia.

En un capítulo especial sobre los efectos de la crisis en los menores, la oficina dirigida por José Chamizo lamenta que "los tentáculos de la crisis están haciendo mella en el desarrollo de las medidas de protección" de estos menores declarados en desamparo y tutelados por la Administración andaluza. En el mejor de los casos, estos niños pasan a estar con su familia extensa (abuelos, tíos,...), quienes "se lamentan de no estar recibiendo o cobrando con una excesiva demora las ayudas económicas destinadas a sufragar los gastos inherentes al cuidado de los menores a su cargo".

El Defensor del Menor recuerda que el acogimiento familiar permite un importante ahorro a las arcas públicas, ya que el mantenimiento y funcionamiento de los centros residenciales supone una inversión de unos 70 millones de euros al año, más la subvención a las entidades colaboradoras, de unos 3,5 millones. En esta colaboración también anota el Defensor recortes de la Junta, al modificarse o suprimirse algunos de los programas que desarrollaban estas entidades.

El Defensor añade en su informe otras de las deficiencias encontradas en la protección de menores, competencia que ahora ha recaído en la Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta. Se trata de los jóvenes que al alcanzar la mayoría de edad abandonan el sistema de protección, "un colectivo especialmente vulnerable al que no parece que se le esté prestando la atención que requiere".

Estos jóvenes ex tutelados comparten los problemas de desempleo de su colectivo, pero se enfrentan además a otra dificultad añadida: la ausencia de apoyo familiar que les obliga a madurar y asumir responsabilidades antes que quienes disponen de una vida normalizada, lo que puede provocar que algunos caigan en la marginación.

Antes estas quejas, el Defensor del Pueblo Andaluz avisa de que en su papel de velar por los derechos de la infancia y adolescencia no se puede quedar impasible ante esta realidad y debe dar la voz de alarma cuando considera que los derechos de los menores de edad se pueden encontrar comprometidos por la coyuntura económica. Censura que los avances de años anteriores "no pueden ni deben verse afectados con los recortes en políticas dirigidas a este sector de población" y subraya que los poderes públicos están obligados, aun en tiempo de crisis, a prestar una protección especial a la infancia.

En el año 2009, anota el Defensor en el informe, alrededor de 6.000 menores disfrutaron de medidas de protección en Andalucía, de los que 3.600 estuvieron acogidos por familias (el 80%, 2.944 de los cuales por su familia extensa), y más de 2.700 estuvieron ingresados en centros residenciales.

Vía www.diariodesevilla.es